La desventaja del hombre ante un proceso penal por violencia contra la mujer en su modalidad psicológica

La violencia psicológica contra la mujer ha ganado mayor visibilidad en años recientes, este tipo penal está diseñado para proteger a las mujeres de actos que afectan gravemente su estabilidad emocional y psicológica. Sin embargo, la aplicación de estas leyes no está exenta de complicaciones, particularmente en la forma en que pueden ser utilizadas en contra de los hombres, usualmente colocándolos en una posición de notable desventaja.

La legislación intenta castigar y prevenir daños psicológicos severos, pero en la práctica, el proceso de denuncia y evaluación puede ser manipulado. Basta con que una mujer presente una denuncia y aporte un testimonio de su malestar emocional para que un psicólogo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) pueda diagnosticar, en una breve sesión, un posible estrés postraumático. Este diagnóstico se alcanza sin la posibilidad de una evaluación independiente por otro profesional, debido a la política de evitar la revictimización, lo que puede llevar a decisiones judiciales basadas en evaluaciones potencialmente sesgadas o incompletas.

Este procedimiento puede resultar problemático, no solo por la posibilidad de un diagnóstico apresurado sino también porque el sistema actual no siempre permite un espacio adecuado para que el acusado refute eficazmente las alegaciones en su contra. Esto se debe en parte a la estructura del proceso judicial, que tiende a favorecer la protección inmediata de la presunta víctima, a veces a costa de una evaluación más meticulosa de la evidencia. El hombre, en estas circunstancias, enfrenta no solo la carga de la acusación sino también el estigma social que acompaña tales casos, lo que puede influir significativamente en la percepción pública y judicial incluso antes de que se determine la veracidad de los hechos en un tribunal.

Además, han habido instancias documentadas donde este tipo penal ha sido empleado de manera estratégica en disputas personales o laborales, extendiendo su impacto más allá de su intención original de proteger a las víctimas de abuso. Estas situaciones demuestran la necesidad de revisar cómo las leyes y procedimientos son aplicados, para asegurar que el derecho a un juicio justo no sea eclipsado por el enfoque preventivo de la legislación. Estos casos ilustran un uso problemático de la legislación diseñada para proteger, lo cual puede terminar causando injusticias significativas y afectando la vida de personas que podrían ser inocentes de las acusaciones en su contra.

Marco Legal y Procedimiento

El marco legal en Guatemala busca proteger los derechos de las mujeres y prevenir cualquier forma de violencia que pueda afectar su integridad psicológica y emocional. Este tipo penal es muy importante para combatir y sancionar actos que, aunque no se dejen huellas físicas, causan daño emocional significativo y duradero.

El procedimiento comienza cuando se presenta una denuncia ante las autoridades competentes. A partir de aquí, se activan protocolos específicos para garantizar la protección y el soporte a la víctima. Un aspecto fundamental de este proceso es la evaluación psicológica realizada por expertos del INACIF. Esta evaluación es decisiva, ya que busca determinar la existencia de daños psicológicos como el estrés postraumático, que pueden surgir como consecuencia de la violencia experimentada. 

La evaluación psicológica realizada por el INACIF en Guatemala es clave en los casos de violencia psicológica. Este proceso se enfoca en identificar signos de estrés postraumático y otros trastornos emocionales que puedan haber sido causados por actos de violencia. Los métodos empleados durante estas evaluaciones incluyen entrevistas clínicas y la aplicación de pruebas psicométricas que ayudan a revelar la condición emocional y psicológica de la supuesta víctima.

La duración de estas evaluaciones generalmente no excede la hora, y en este breve período, el psicólogo debe llegar a conclusiones que pueden tener repercusiones legales y personales para ambas partes involucradas. El diagnóstico de estrés postraumático se basa en la manifestación de síntomas específicos como insomnio, miedo intenso, pesadillas, y una sensación general de desesperanza, que la víctima puede comunicar durante la sesión. Sin embargo, la complejidad de estos trastornos y la variabilidad individual en cómo se manifiestan y se experimentan hacen que la precisión diagnóstica en una única sesión sea un desafío considerable.

Un aspecto particularmente controvertido de este proceso es la política de no permitir reevaluaciones por parte de psicólogos independientes, adoptada para evitar la revictimización de la persona que denuncia el incidente. Aunque esta política tiene la intención de proteger a las víctimas de tener que repetir sus relatos traumáticos, también plantea problemas significativos en términos de equidad procesal. La falta de una segunda opinión o revisión independiente puede resultar en decisiones basadas en evaluaciones potencialmente sesgadas o incompletas, cerrando la puerta a un examen más riguroso de las afirmaciones presentadas. Esto puede llevar a situaciones donde los acusados enfrentan consecuencias legales graves basadas en evidencia que no ha sido exhaustivamente examinada o verificada.

Estas circunstancias destacan una tensión fundamental en el sistema de justicia: el equilibrio entre proteger a las víctimas de abusos adicionales y garantizar un proceso justo para los acusados. La situación actual sugiere la necesidad de reformas que permitan incorporar medidas que protejan la dignidad y los derechos de todas las partes involucradas, asegurando que la justicia se sirva de manera integral y justa, sin comprometer los principios de exhaustividad y precisión diagnóstica en la evaluación psicológica.

Abuso del Tipo Penal

El abuso del tipo penal de violencia psicológica en Guatemala ha sido notable, especialmente en casos donde hombres son acusados injustamente, lo cual plantea serias preocupaciones sobre la equidad y justicia del sistema legal. En varios contextos, como en el laboral o en disputas familiares, se han documentado situaciones en las que las denuncias parecen servir a propósitos que van más allá de la protección contra la violencia real.

Un ejemplo recurrente se encuentra en el ámbito laboral, donde conflictos entre colegas o entre empleados y superiores a veces escalan hasta denuncias por violencia psicológica. Estas denuncias pueden ser utilizadas como herramientas en negociaciones de despido o como medios de venganza en disputas personales. Tales casos suelen llevar a los hombres acusados a enfrentar procedimientos legales estresantes y costosos, aún cuando las bases de las acusaciones son débiles o manipuladas.

En el contexto de las disputas familiares, especialmente en divorcios o custodias, no es raro que uno de los padres utilice la acusación de violencia psicológica como estrategia para influir en las decisiones de la corte sobre la custodia de los hijos o la distribución de bienes. Estas acusaciones,usualmente acompañadas por evaluaciones psicológicas del INACIF basadas en una única sesión, pueden resultar rápidamente en restricciones de visita o en la pérdida de derechos parentales, sin una revisión adecuada o la posibilidad de una evaluación independiente.

Las consecuencias para los hombres acusados bajo estas circunstancias pueden ser devastadoras. Más allá de las repercusiones legales, que pueden incluir desde restricciones judiciales hasta sentencias de prisión, las implicaciones personales y sociales son profundas. La estigmatización, el daño a su reputación y las consecuencias emocionales y psicológicas de enfrentar una acusación de violencia psicológica son significativas y pueden afectar permanentemente sus vidas y carreras. Además, el proceso judicial en sí mismo puede ser una fuente de estrés postraumático, especialmente cuando los acusados sienten que no tienen los medios adecuados para defenderse en un sistema que perciben como sesgado.

Estos ejemplos hacen ver la importancia de revisar y fortalecer los mecanismos de evaluación y acusación en casos de violencia psicológica, para evitar el abuso de este tipo penal y garantizar que se protejan tanto los derechos de las supuestas víctimas como los de los acusados. La necesidad de equidad en el tratamiento de todas las partes involucradas es indispensable para la integridad y justicia del sistema judicial guatemalteco.

Impacto Sociocultural

El impacto social y cultural de las acusaciones de violencia psicológica contra la mujer, especialmente cuando se manipulan o exageran, se extiende más allá de los tribunales y afecta profundamente las percepciones sobre la masculinidad y el papel de los hombres en la sociedad guatemalteca. Estas acusaciones pueden perpetuar estereotipos negativos sobre los hombres, presentándolos frecuentemente como agresores por defecto, lo que puede tener efectos duraderos en la manera en que son tratados dentro del sistema judicial y por la sociedad en general.

La presión para responder a las demandas legítimas de protección para las mujeres que enfrentan violencia psicológica es fuerte y necesaria, pero debe ser balanceada cuidadosamente con la necesidad de asegurar un proceso justo y equitativo para todos los involucrados. El desafío está en evitar que la legislación y las políticas implementadas para proteger a las víctimas se conviertan en herramientas que puedan ser utilizadas injustamente en contra de los hombres, lo que podría desviar el propósito original de estas medidas y erosionar su legitimidad.

El enfoque debería estar en la implementación de procesos más rigurosos y transparentes que permitan una evaluación adecuada de cada caso, asegurando que todas las partes reciban un tratamiento justo y que las decisiones se basen en evidencia sólida y no en presunciones. Esto incluye proporcionar oportunidades para reevaluaciones psicológicas independientes y establecer protección para prevenir el abuso del sistema.

En un contexto más amplio, es necesario fomentar una discusión abierta sobre cómo la cultura y las normas sociales influyen en nuestra comprensión de la violencia de género, incluida la psicológica. Promover una mayor conciencia sobre la importancia de tratar a todos los individuos con equidad ante la ley, independientemente de su género, es esencial para construir un sistema judicial que verdaderamente refleje los principios de justicia y equidad. Este balance es importante no solo para proteger a las víctimas de violencia sino también para asegurar que los derechos de los acusados sean respetados, contribuyendo así a una sociedad más justa y equitativa para todos.

Propuestas de Reforma

Por lo anterior, en mi opinión es necesario realizar una revisión y reformas que incluyen tanto mejoras legislativas como cambios en los procedimientos de evaluación psicológica:

Mejoras Legislativas

Una revisión de la legislación actual para cerrar las brechas que permiten el abuso del tipo penal de violencia psicológica. Se propone introducir modificaciones que delimiten más claramente los criterios bajo los cuales se puede acusar y procesar este tipo de casos. Esto incluye especificar con mayor precisión los síntomas y comportamientos que califican como evidencia de estrés postraumático, asegurando que las alegaciones deban estar respaldadas por evidencia clínica robusta y no solo por el testimonio de la presunta víctima.

Reformas en los Procesos de Evaluación Psicológica

Reformar el proceso de evaluación psicológica para incluir la posibilidad de obtener una segunda opinión de un profesional independiente. Esta medida ayudaría a proteger contra diagnósticos precipitados o sesgados realizados por profesionales de instituciones como el INACIF. Permitir reevaluaciones por expertos independientes no afiliados con el estado o las partes involucradas puede contribuir a un análisis más objetivo y equilibrado de cada caso.

Protecciones Contra el Uso Indebido del Sistema

Para proteger contra el mal uso del sistema, implementar un mecanismo de vigilancia y revisión que supervise cómo se aplican las acusaciones de violencia psicológica. Este mecanismo debería incluir la participación de múltiples partes interesadas, incluidos representantes de organizaciones de derechos humanos, la comunidad legal y grupos de apoyo a víctimas y acusados. La transparencia en este proceso es fundamental y podría ser fortalecida mediante la publicación regular de informes y análisis de tendencias y patrones en las acusaciones y procesos.

Educación y Capacitación

Capacitar a jueces, fiscales y psicólogos sobre las complejidades de la violencia psicológica y las dinámicas de poder en las relaciones es otra recomendación clave. Estos programas de formación deben enfocarse en mejorar la comprensión de los profesionales sobre los impactos psicológicos reales de la violencia y cómo discernir entre casos legítimos y aquellos donde la acusación podría no estar justificada.

Con estas reformas, se busca no solo proteger a las verdaderas víctimas de violencia psicológica sino también asegurar que el sistema no se utilice como herramienta de venganza o manipulación, manteniendo la integridad del proceso judicial y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos.

MSc. Estela Juárez Gutierrez

Abogada y Notaria